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Privacidad en Redes Sociales (SEGUNDA PARTE)

En nuestro artículo anterior, hablamos sobre el desarrollo de la privacidad en Estados Unidos. Hoy nos vamos a enfocar en México:

–          México.

Veamos qué pasa con México.

En México nuestra Ley Federal del Derecho de Autor del 24 de diciembre de 1996, contiene y mantiene un triste y desolado artículo 109, que establece que para el acceso a información de carácter privado relativa a las personas contenida en las bases de datos protegidas por la ley, su publicación, reproducción, divulgación, comunicación pública y transmisión de dicha información, requerirá la autorización previa de la personas de que se trate. Desde mi punto de visa, éste debe ser considerado uno de los primeros intentos del legislador mexicano para regular el uso de bases de datos de carácter personal. El problema por supuesto, debe ser su ejercicio, con todos los defectos que en materia de defensa de derechos de autor ustedes ya conocen.

En México el derecho a la protección de datos personales tal como hoy lo conocemos, se reconoce por primera vez a nivel federal el 11 de julio de 2002, cuando fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta complicada Ley (recientemente reformada en virtud del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Transparencia, publicada el 7 de febrero de 2014), establece que los datos personales constituyen información confidencial y requieren del consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización y crea por primeras ocasión en nuestro país un mecanismo para el ejercicio de acceso y corrección de los datos personales en manos del gobierno.

A ésta Ley le siguió, la reforma al artículo 6° constitucional del 11 de junio de 2007 en materia de acceso a la información, la cual expresamente incorpora que: “la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes”.

Así, el 1 de junio de 2009 se publicó la reforma al artículo 16 de la Constitución que incorpora un párrafo específicamente destinado a la protección de datos personales, al establecer que “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la Ley”.

Finalmente, previo a la promulgación de la ley actual, el 30 de abril de 2009 se reformó el artículo 73 de la Constitución atribuyendo al Congreso Federal el poder para legislar en materia de datos personales en posesión de los particulares (es decir, para el Sector Privado).

Así, el primero de julio de 2010, tras siete iniciativas y más de nueve años de discusión sobre cuál debía ser mejor modelo para México, nace la LFPDPPP, la cual abroga legislaciones tres legislaciones estatales para aplicar en toda la república.

El objeto de esta ley es la protección de los datos personales en posesión de particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.

Los sujetos obligados por ésta normatividad son los particulares, sean personas físicas o morales, de carácter privado, que lleven a cabo el tratamiento de datos personales (empleados, clientes, y demás terceros involucrados en el tratamiento).

Nuestra actual Ley se estructura en principios, derechos y procedimientos.

  1. Se establecen 8 principios y 2 deberes, los cuales representan los pilares sobre los cuales se construye un tratamiento legítimo de los datos personales. Los principios son los de consentimiento, información, licitud, lealtad, legitimación, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad. Los deberes se concretan en el deber de confidencialidad y las medidas de seguridad.

 

  1. Los derechos ARCO (acrónimo que se refiere a los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) representan las facultades o potestades jurídicas otorgadas a los ciudadanos (titulares) para ejercer ante los sujetos obligados la satisfacción de intereses relacionados con el tratamiento legítimo, controlado e informado de sus datos personales a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de los titulares.

 

  1. Establece los principios que concretan la tutela pública a la que el individuo puede acceder en caso de ver visto lesionado alguno de sus derechos.

 

Las autoridades en la materia son el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos con la función principal de difundir el conocimiento del derecho a la protección de datos personales, promover su ejercicio y velar su cumplimiento.

Asimismo, la Secretaría de Economía, que debe difundir el conocimiento de las obligaciones en torno a la protección de datos personales entre la iniciativa privada e internacional con actividad comercial en territorio mexicano y promover mejores prácticas comerciales en torno a la protección de datos personales como insumo de la economía digital y desarrollo económico en su conjunto.

En el ámbito digital, la protección de datos personales cobra vital importancia, ya que, como es de estudiado derecho, la persona debe ser en todo momento el centro de las relaciones jurídicas y de la sociedad, si lo trasladamos al entorno virtual, la “persona digital” se compone puramente de datos personales, por lo que la protección de ésta información debe considerarse toral, tal y como lo establece nuestra regulación, al ser considerado ya un derecho humano.

En la actualidad, la evolución que está teniendo la regulación en materia de protección de datos personales en México, está tomando tintes indefinidos, ya que derivado de la reforma en materia de transparencia de febrero pasado, fueron rechazadas por el congreso las solicitudes de ratificación de los entonces 5 consejeros. En su lugar, 7 nuevos consejeros se encuentran actualmente al frente del IFAI, mediante un proceso de selección que ha sido muy criticado.

Al inicio de ésta nueva gestión, ya se habla de la creación de la Ley General de Protección de Datos Personales, la cual busca homologar los criterios derivados de los principios, deberes, derechos y procedimientos entre los datos resguardados por privados y las entidades privadas.

Todavía se encuentra pendiente por parte del Congreso, legislar en cuanto a la continuación del IFAI como órgano garante de éste derecho. De hecho actualmente se está llevando a cabo un estudio por parte del IFAI para determinar el camino que debe seguir en la materia. Me sumo al reclamo actual en cuanto que el IFAI debe de hacer un ejercicio de conciencia y reconocimiento político para saber si realmente puede con el paquete de la protección de datos personales en nuestro país, no desde el punto de vista jurídico, sino administrativo y organizacional.

¿Pero si no es el IFAI, entonces quién? Se habla de PROFECO y de un organismo independiente, como sería una Agencia Mexicana de Protección de Datos Personales. Ya hablaremos de éste tema en nuestras conclusiones.

Volviendo al tema de Redes Sociales, es importante saber que los grandes prestadores de servicios de Internet están invirtiendo grandes sumas de dinero el lobbying para manipular el sentido de las regulaciones que les afecta. Un claro ejemplo en México, es la adopción en el TTP del famoso Notice & Notice, evitando así la adopción de un mecanismo Notice & Take Down que permitiera en forma sencilla ejercer los derechos de propiedad intelectua por parte de sus titilares.

Esta es y seguirá siendo una lucha constante y en materia regulatoria para las nuevas empresas de tecnología, no sólo en México sino alrededor del mundo, pero en particular las redes sociales representan herramientas que poseen tal cantidad de datos que sin duda serían de alto riesgo, en caso de un mal uso de las mismas.

Vamos a tocar ahora las tendencias en materia de redes sociales en nuestro país.

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